Un poco de contexto
Ocasionalmente cuando hay crisis económica, recesiones o depresiones, el sentido común nos dice que “falta circulante” o que no hay ventas ni gasto. Esto quiere decir, en términos que utilizan los macroeconomistas, que hay una “insuficiencia de demanda agregada”. A lo largo del siglo XX, y hasta nuestros días, los economistas discutieron fervientemente qué debe hacer el gobierno en situaciones similares. Como dejamos claro en publicaciones anteriores, antes de la Gran Depresión, y por consiguiente antes de la publicación de la Teoría General de Keynes, existía una creencia en la que estas insuficiencias de demanda se autocorregirían por sí solas, la famosa “autorregulación” de los mercados.
Como también explicamos, esto se derivaba de una teoría en la que los mercados generalmente tienden a emplearse plenamente. Si dejáramos a los mercados funcionar libremente, u hoy en día, si corregimos sus fallos vía acción pública-estatal, el sistema de precios ajustará los precios de los factores, como el salario y la tasa de interés, de acuerdo a su escasez relativa. Consiguientemente, esto permitirá que los factores se usen plenamente. ¿Desempleo? Solo permita que los salarios bajen lo suficiente para volver al equilibrio de pleno empleo. Por lo tanto, más allá de lo que cause esa insuficiencia de demanda, solo deje a los precios hacer su trabajo correctamente.
Pero, desde la llegada de la citada publicación de Keynes, estas teorías se vieron socavadas en distintos niveles. La obra de Keynes influyó en distintas direcciones, tanto así que los creyentes en el laissez faire no pudieron ignorarla y la hicieron parte de su marco teórico, afirmando que la tendencia al pleno empleo quizás no era tan automática como se creía. Este ajuste capaz llevaba un tiempo. Así es como, en la corriente principal, todo derivó en una discusión sobre la velocidad del ajuste al pleno empleo, y sobre algunas fallas en las hipótesis de los mecanismos que aseguraban su funcionamiento. En cambio, por otro lado, más allá de imperfecciones en los mecanismos de ajuste, otros creían que ese funcionamiento ni si quiera funcionaba en su naturaleza misma, y que no existía tendencia alguna al pleno empleo.
De todos modos, volviendo al punto inicial, estas teorías de influencia keynesiana, en términos de política económica, no creían en el “dejar hacer, dejar pasar” (al menos en el corto plazo) al sistema de precios, sino que debería de haber alguna intervención política de parte del Estado que influya directamente sobre la demanda agregada. Por ejemplo, aumentando los gastos públicos en infraestructura, lo que comúnmente se conoce como “política fiscal expansiva”. Por supuesto, como es normal entre los economistas, las críticas no tardaron en llegar, principalmente desde la mal llamada “Nueva Macroeconomía Clásica” (NMC), que propone una reversión hacia la sabiduría convencional prekeynesiana.
Estas críticas fueron de diversa índole. Desde Milton Friedman y el monetarismo (lo tocamos aquí), pasando por el crowding-out (efecto desplazamiento), las teorías de la Nueva Economía Política de la elección pública, la curva de Laffer, las expectativas racionales y hasta la equivalencia ricardiana de Barro. Esta diversidad de teorías suponía algo en común, el ajuste automático al pleno empleo y un fundamentalismo desmedido en los mecanismos de precios que aseguraban el ajuste (fundamentalismo de mercado según algunos neokeynesianos como Stiglitz). Como es claro, en términos de políticas, el denominador común entre dichas propuestas teóricas es el liberalismo y la minimización de la intervención del Estado en el mercado.
Definiendo la equivalencia ricardiana
En este artículo nos proponemos tocar esta última crítica a la teoría keynesiana: la equivalencia ricardiana. Básicamente, Robert Barro, reconocido economista perteneciente a la corriente de la NMC, inspirado en ideas de David Ricardo (economista clásico del s. XIX), criticaba la idea de que una política fiscal expansiva pudiese tener algún efecto positivo sobre la demanda agregada. Como es evidente, la idea contraria era sostenida por los keynesianos. La teoría de Barro se centraba en las formas de financiación del erario público. Básicamente, el gobierno puede financiarse “sanamente” (i.e. sin causar inflación) por impuestos o deuda pública.
Cuando un gobierno generalmente hace política fiscal expansiva a la keynesiana emite deuda, pues una suba de impuestos en el periodo actual (normalmente recesivo) tendrá un efecto contractivo sobre el ingreso disponible y por consiguiente sobre el gasto de las familias. Lo que se pretende es aumentar el gasto, expandir la demanda, cosa que no puede hacerse de manera completamente satisfactoria subiendo los impuestos para financiar el gasto (aunque un presupuesto equilibrado pueda tener un efecto multiplicador). Por lo tanto, el déficit público, y su contrapartida, el aumento de la deuda, suele ser la norma en estas ocasiones. Barro afirmaba que, si el gobierno pretendía financiarse con deuda, este gasto público no tendría ningún efecto expansivo, pues la situación se igualaría a una suba de impuestos ¿Por qué?
Básicamente porque este aumento de la deuda deberá pagarse en el futuro con impuestos futuros. Estamos condenados a la restricción presupuestaria intertemporal. Pagamos impuestos hoy o los pagamos mañana. Como los agentes son racionales, son conscientes de que si el gobierno se está endeudando, en el futuro subirán los impuestos para pagar la deuda contraída en el presente. En consecuencia, estos agentes ahorrarán parte de su renta para el pago de impuestos más altos en el futuro. Al decidir ahorrar, no están gastando, por lo que si el gobierno pretendía elevar la demanda presente a través de su inyección de gasto, al final, no logra su cometido. En otras palabras, aunque los agentes tengan más dinero hoy, fruto del déficit del gobierno, al ahorrar una parte compensan exactamente el gasto adicional del gobierno, por lo que la demanda agregada se ve sin alteración alguna.
En suma, la intervención del gobierno con el objetivo de elevar la demanda agregada no funciona en ningún caso.
De Ricardo a Barro
Fue en 1974 que Robert Barro publica su artículo "Are Government Bonds Net Wealth?" [Son riqueza neta los bonos del gobierno?] en el Journal of Political Economy. Pero fue 157 años antes, en 1817, cuando David Ricardo publicaba su Principios de Economía Política y Tributación. Sin duda, mucha tinta se ha utilizado en el medio de estas dos publicaciones. Tinta que ha influenciado y modificado la interpretación que Barro hace de Ricardo, y que, como veremos, no es la más fiel que podamos encontrar. Es cierto que una crítica a la deuda pública se encuentra en la obra de Ricardo, pero no es menos cierto que las razones por la cual ambos llegan a esa conclusión difieren.
La posición de Ricardo sobre la financiación de gasto estatal a través de acumulación de deuda es sustancialmente crítica. El afirma que la interferencia del gobierno a través del gasto deficitario es comparable a la interferencia de una masa de consumidores improductivos. Agrega que el gasto público, ya que se destina al consumo improductivo (por ejemplo a gastos de guerra) es una forma de desviar recursos de la acumulación de capital, frenando el empleo y los ingresos (Forestieri, 2008).
“When, for the expenses of a year’s war, twenty millions are raised by means of loan, it is the twenty millions which are withdrawn from the productive capital of nation.” (Ricardo, 1821)
En lo que se refiere a los intereses pagados de la deuda pública, Ricardo considera dinero que pasa de las manos del deudor al acreedor. Más allá de que este sujeto cambie o acumule esta suma, nada cambia en términos agregados. La deuda de una nación es riqueza que pasa de la mano derecha a la izquierda, pero el cuerpo en general no se debilita. La riqueza general no disminuye por los pagos de la deuda. Los dividendos son un valor que pasa de la mano de los contribuyentes al acreedor nacional. Ya sea que el acreedor o el contribuyente consuma o acumule, esto es de poca importancia en términos nacionales.
Pero, la parte más importante y reconocida en la obra de Ricardo respecto a la equivalencia ricardiana se refiere a que, según Forestieri (2008), para Ricardo la deuda pública requiere satisfacer un servicio de intereses perpetuo con un flujo anual de impuestos sobre la renta. Entonces, frente al gasto público financiado con deuda se esperan que los impuestos sirvan a la deuda. Este flujo tiene un valor presente igual a la deuda requerida para cubrir los gastos. De ahí la emisión de deuda y la tributación extraordinaria serían equivalentes, ya que afectan de la misma manera el patrimonio del contribuyente y de la comunidad.
En cambio, las razones negativas sobre la deuda pública son diferentes a las esgrimidas por los posteriores autores neoclásicos. En Ricardo la deuda pública reduce el ahorro privado destinado a la acumulación de capital, y esto es considerado así por dos factores: la idea de que el nivel de producto es determinado por el capital acumulado previamente y por el hecho de que la deuda pública a financiar un gasto que se considera improductivo.
Por lo tanto, el análisis de Ricardo concluye más en un efecto desplazamiento que en una neutralidad de la deuda pública. El análisis ricardiano no se puede asociar al típico análisis neoclásico, debido a que en Ricardo la estructura no se basa en ningún equilibrio entre las fuerzas de la oferta y la demanda, y por consiguiente, tampoco existe ninguna tendencia al pleno uso de los recursos, por lo que se deja lugar a la posibilidad de la persistencia de recursos no utilizados. De esta manera, la neutralidad de la deuda es un concepto que recién se establece en 1974 por Robert Barro.
El razonamiento de Barro
Una vez aclaradas las diferencias entre el análisis de David Ricardo y Robert Barro, pasaremos a describir el razonamiento de Barro para concluir la total neutralidad de la deuda pública. El argumento de Barro supone muchas cuestiones de dudosa relevancia real, pero principalmente, al considerarse dentro del marco teórico neoclásico supone pleno empleo de los factores, que el financiamiento del déficit es equivalente al financiamiento mediante impuestos y que los bonos del gobierno no constituyen riqueza del sector privado.
“The assumption that government bonds are perceived as net wealth by the private sector play an important role in theoretical analyses of monetary and fiscal effects. This assumption appears, explicitly or implicitly, in demonstrating real effects of a shift in the stock of public debt […]” (Barro, 1974)
Comenzamos de un punto diferente al de Barro para explicar su punto. Si los agentes poseen horizontes finitos, es decir, si no se extienden más allá de su propia vida, reemplazar los impuestos con emisión de deuda pública aumentará el consumo de las generaciones presentes. Si el pago de impuestos cae en un horizonte temporal futuro más allá de sus propias vidas, la deuda pública desplazaría a la inversión privada y así a la acumulación de capital. Considerando que la deuda pública se pagará en el futuro, las generaciones presentes transfieren la carga de la deuda a las generaciones futuras.
En la palabra “finito” se encuentra el truco de Barro, pues, lo que hace el autor es cambiar horizontes finitos por horizontes infinitos. Cada individuo planifica su consumo futuro en diversas etapas de su vida, pero así también el de las generaciones futuras. Por lo tanto, bajo esta lógica, el aumento de la deuda pública genera una expectativa de un aumento de impuestos en el futuro para pagar los intereses y el principal de la deuda. Aunque a primera vista los bonos del gobierno representen un efecto riqueza para los acreedores, estos no lo considerarán así, pues, en vez de aumentar su consumo en el presente decidirán ahorrar una parte para honrar los compromisos de las generaciones futuras. En este contexto, la emisión de deuda pública mantiene inalterado los planes de ahorro y consumo intertemporal de los agentes, y no posee ningún efecto real.
De esta manera, Barro se aleja de las visiones tradicionales de la teoría neoclásica donde la deuda pública sí tiene efectos sobre la riqueza, pero, también de las visiones keynesianas que afirman que la política fiscal puede tener efectos reales sobre los ingresos. De hecho, Barro reitera muchas veces que la deuda pública no se considerará de ninguna manera como riqueza neta de los agentes.
“More generally, the assumption that government debt issue leads, at least in part, to an increase in the typical household’s conception of its net wealth is crucial in demonstrating a positive effect on aggregate demand of “expansionary” fiscal policy, [...] The key result here is that, so long as there is an operative intergenerational transfer, there will be no net-wealth effect and, hence, no effect on the aggregate demand or on interest rates of a marginal change in government debt.” (Barro, 1974)
Así, en el razonamiento de Barro, la deuda pública, y por consiguiente, la política fiscal expansiva se vuelve completamente neutral. A diferencia de la teoría del efecto desplazamiento, que considera efectos negativos de la deuda pública, para Barro la deuda es realmente inofensiva.
Las críticas a Barro
Para empezar, existen más o menos dos tipos de críticas. La primera que veremos, está relacionada a la falta de realismo de las hipótesis de la teoría de Barro. Es una crítica de tipo imperfeccionista. En un segundo momento veremos críticas que, a diferencia de la primera, tratan de socavar el razonamiento base de la teoría de Barro. Si mantenemos las primeras críticas pero ignoramos las segundas, la teoría de Barro aún se podrá mantener como teoría de referencia dentro de la economía.
Vamos con las críticas de hipótesis. Sin restarle importancia, para validar la teoría de Barro estas hipótesis deben cumplirse en su totalidad. Estas fueron enfatizadas por economistas de la talla de James Tobin, y hoy día, hasta por economistas de la teoría monetaria moderna como Bill Mitchell.
a) Primero, según Tobin (1982), la cadena intergeneracional puede cortarse. Es decir, existe la posibilidad de que una generación no tenga hijos o sea indiferente a su destino. Al anticipar esta disrupción, la generación actual podrá aumentar su consumo, y no ahorrar para el pago de impuestos futuros. En cambio, según Mitchell (2009), en estos modelos “existe una preocupación infinita por las generaciones futuras. Este punto es crucial porque incluso en el modelo convencional, los aumentos de impuestos pueden llegar en un momento muy lejano (incluso el próximo siglo). No existe una predicción óptima que pueda derivarse de sus modelos que nos indique cuándo se pagará la deuda”.
b) La utilidad de los padres también puede depender la cantidad de herencia que dejan a sus hijos. La herencia no siempre está en función a las necesidades de los hijos (si tienen que pagar impuestos más altos o no), sino a lo que pueden dar los padres. “Dar es siempre, y a veces, exclusivamente gratificación para quienes dan, y no tanto bienestar de quienes reciben”.
c) Siguiendo a Tobin (1980), también la solución óptima puede ser una herencia igual a cero o incluso negativa, lo que es posible en economías en crecimiento donde los nietos tendrán una mejor situación económica que la de sus abuelos.
d) También, según Tobin (1980) otro argumento que desafía a Barro se encuentra en las restricciones o problemas de liquidez vinculados a mercados incompletos o imperfección de los mercados financieros. Los planes de consumo pueden realizarse en horizontes más cortos en presencia de imperfecciones en los mercados financieros, es decir, imposibilitan la transferencia de recursos en periodos más largos de tiempo, lo que no incluye a los descendientes. Mitchell (2009) agrega sobre este punto que “los hogares tienen limitaciones de liquidez y no pueden pedir prestado o invertir lo que deseen y cuando lo deseen. Las personas que utilizan estos modelos muestran que si hay restricciones de liquidez, es probable que las personas gasten más cuando hay recortes de impuestos, incluso si saben que los impuestos serán más altos en el futuro (supuesto)”.
e) Finalmente, otro argumento que inválida a la ER es que la elección del individuo utilice un impuesto de suma fija. Si los tributos no son sumas específicas a pagar por los individuos, y en cambio están en función a su consumo, renta, riqueza u otro atributo, lo que se espere pagar dependerá de las expectativas sobre la evolución de estas condiciones y la legislación fiscal. Esto va en línea con lo que afirma Mitchell (2010) al al decir que en el modelo de Barro “se conoce y se fija la trayectoria futura del gasto público. Los hogares saben esto con perfecta previsión. Esta suposición carece claramente de correspondencia con el mundo real. No tenemos una previsión perfecta y no sabemos cuánto va a gastar el gobierno en 10 años hasta el último dólar (incluso si supiéramos qué tinte político podría tener ese gobierno)”.
Estas críticas de hipótesis o falta de realismo en los supuestos sin duda invalidan completamente la ER de Barro, pero, como dijimos hace un momento, criticar el realismo de los supuestos mantiene a la teoría como referencia para los economistas, pues, hagamos cumplir los supuestos y la teoría funcionará ¿no? Las críticas más fuertes a la ER son dos:
a) Barro en realidad supone que un individuo y su descendencia puede reducirse a un único individuo con vida infinita. Si tenemos en cuenta que cada individuo es generado por un par de personas, tenemos algo más parecido a un árbol genealógico. En palabras de Bernheim (1989),”implícitamente, Barro asume que cada familia dinástica es un individuo independiente y autónomo. Para la especie humana, la reproducción requiere de dos individuos no relacionados. Así, los vínculos familiares son redes complejas, cada individuo pertenece a diferentes agrupaciones dinásticas, en las que los individuos emparentados pueden compartir descendientes comunes". Debido a los vínculos entre familias, es imposible representar a alguna familia (o grupo de familias) como un único agente que maximiza su utilidad. Por lo tanto, las complejas relaciones familiares cuestionan el mecanismo intergeneracional por el cual existe un incentivo a dejar una herencia, y por lo tanto, a reducir el propio consumo
b) Aquí seguiremos a Forestieri (2008). Como último punto, sabemos que lo que caracteriza a la escuela neoclásica es la tendencia al pleno empleo de los recursos, garantizada por el principio de sustitución factorial. Pero, ¿qué pasa con la ER si suponemos que no existe ninguna tendencia al pleno empleo? En este caso, el nivel de ingresos deberá estar dirigido por la demanda y la acumulación de capital no depende de las decisiones de ahorro. En este contexto, el déficit público sería igual al ahorro privado, es decir, el financiamiento del déficit público generará riqueza privada. Riqueza que no podría haberse generado de otro modo. En este escenario no tiene sentido pensar que las generaciones futuras recibirán menos riqueza de la que habrían recibido en ausencia del déficit público.
La diferencia de este resultado con el de Barro es que su ER opera en un contexto de pleno empleo. El pleno empleo hace que los títulos de deuda pública no constituyan riqueza adicional. En este escenario, los títulos públicos son solo sustitutos de la actividad privada. Entonces, mientras los títulos públicos no añaden nada de riqueza a las generaciones futuras, los impuestos más altos que deberán surgir de pagar la deuda y sus intereses, disminuirán el consumo de estas generaciones (si suponemos que la deuda se pagará a futuro).
En realidad, sabemos que el déficit público constituye riqueza privada. Solo mire los balances sectoriales de la economía norteamericana. De esta manera, si seguimos con la experiencia de los Estados Unidos, podemos ver que en agosto de 1981, unos años después de que Barro postulará su teoría, se otorgó grandes recortes de impuestos para estimular la demanda agregada. Según los partidarios de Barro, los patrones de consumo no tendría que haber cambiado y el ahorro debía haber aumentado para pagar la futura carga tributaria, debido al aumento de la deuda pública. Pero, si examina los datos de Estados Unidos, verá categóricamente que la tasa de ahorro personal cayó entre 1982-84 (del 7,5 por ciento en 1981 a un promedio del 5,7 por ciento en 1982-84).
De difícil cumplimiento, la equivalencia ricardiana se ha utilizado por políticos y economistas de las más diversas formas e intenciones. Desde propuestas de recorte de gastos públicos hasta mensajes alarmistas sobre políticas fiscales expansivas. Lo cierto es que, en todo lugar en el que se exige realizar política fiscal expansiva, existe un economista alegando la equivalencia ricardiana. Como vimos a lo largo del artículo, la equivalencia no hace precisamente mucho honor a David Ricardo. Tampoco es muy realista en sus supuestos o hipótesis, por lo que la hace de muy difícil aplicación. Y si aún se cumpliesen estos supuestos, sería muy complicado salvar a la teoría de sus problemas inherentes. Lo que no es difícil es ver como la equivalencia ricardiana no se ha cumplido nunca. Ninguna deuda pública se ha pagado con subidas de impuestos, porque en realidad los impuestos no financian el gasto público y el dinero en el sistema monetario actual no es una mercancía.
Trabajos citados
Barro, R. (1974). Are Government Bonds Net Wealth? Journal Political Economy.
Bernheim, D. (1989). A Neoclassical Perspective on Budget Deficits.
Forestieri, P. (2008). Effetti e Limiti del Debito Pubblico in Impostazioni Teoriche Alternative. Roma Tré .
Mitchell, B. (2009). Deficits should be cut in a recession. Not!
Ricardo, D. (1821). On the Principles of Political Economy and Taxation.
Tobin, J. (1980). Government Deficits and Capital Accumulation.
Tobin, J. (1982). El Problema de la Teoría Económica Contemporanea.